Poco costoso, pero muy vistoso

Hace una semana respiramos aliviados porque el gobierno de Estados Unidos postergó por 90 días la imposición de aranceles a los productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC.

Pero el presidente Donald Trump dejó por escrito en su red social Truth Social que “México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias”.

¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿De qué nos salvarían en tres meses?

Cada año, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) presenta a la Casa Blanca y al Congreso el “Informe Nacional de Estimación Comercial 2025 sobre Barreras al Comercio Exterior” , un pesado informe que detalla las barreras comerciales que tienen los exportadores estadounidenses y las iniciativas para reducirlas.

Al gobierno mexicano no le gusta decirles ‘barreras’, sino que prefieren considerarla como una lista de las condiciones que unilateralmente quiere obtener el gobierno vecino.

Barreras o lo que no le gusta al gobierno estadounidense, lo cierto es que están numeradas todas esos ‘temas a resolver’ y que ahora se suman a la mesa de negociación junto al tráfico de fentanilo, la migración, el acero, el cobre y los automóviles.

¿Qué le preocupa a Estados Unidos de quien seguimos siendo su principal socio comercial? :

Y quiero abrir un paréntesis en este último punto del reporte de Estados Unidos para ver cuáles son los reclamos y cómo tal vez, resolviendo alguno de sus pendientes se puede ir avanzando en el limado de asperezas con nuestro mayor socio comercial (y a un costo que no desestabilizaría las finanzas nacionales).

Este punto, que ha sido motivo de mucho lobby e incluso impulsó la salida de empresas de este mercado (como Telefónica), podrían comprar la buena voluntad de la revisión de los ‘pendientes’ en tres meses más. Si tenemos en cuenta que el gobierno federal espera recaudar 17,717 millones de pesos por el uso del espectro y se logra la recomendación de reducirlo a 50%, permitiría una competencia más equitativa, reduciría el poder del agente dominante y permitiría aumentar la inversión en infraestructura en la banda ancha. Porque la ‘inversión’ sería solo de 0.19% del total de los ingresos estimados por Hacienda para este 2025.

Sería un quick win poco costoso, pero muy vistoso, que además apuntalaría y daría consistencia a las tareas de las nuevas agencias regulatorias creadas este año, como precisamente la Agencia de Transformación Digital.